El secretario de Estado, Mike Pompeo, informó que acatarán integralmente una ley federal de 1981, que jamás había sido debidamente aplicada, y que prohíbe expresamente el uso de fondos públicos, incluyendo los destinados a ayuda exterior, para cabildear a favor o en contra del aborto. Es la llamada Enmienda Siljander.
Para demostrar el alcance de esa primera decisión, Pompeo anunció que comenzará por reducir los recursos que destinan anualmente a la Organización de los Estados Americanos (OEA) en la misma proporción en la que esta entidad ejerza presión sobre los países de la región para despenalizar el asesinato de bebés en gestación.
“Las instituciones vinculadas a la OEA deberían centrarse en abordar las crisis de Cuba, Nicaragua y en Venezuela, no en promover la causa en favor del aborto”, acotó Pompeo.
Ya de entrada, el órgano hemisférico sufrirá un recorte inmediato de 200.000 dólares por el activismo proaborto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“A la luz de evidencia reciente, que muestra que un órgano de la OEA promueve el aborto, ordené a mi equipo que incluyera una disposición en los acuerdos de asistencia extranjera con ellos que prohíba explícitamente que el dinero que damos se use en el lobby relacionado al aborto”, dijo el funcionario.
“Y para garantizar que nuestro mensaje se escuche alto y claro, reduciremos nuestras contribuciones a la OEA; esa reducción será equivalente a la participación estimada de los Estados Unidos en los posibles gastos de la OEA en actividades relacionadas con el aborto”.
“Las instituciones vinculadas a la OEA deberían centrarse en abordar las crisis de Cuba, Nicaragua y en Venezuela, no en promover la causa en favor del aborto”, acotó.
Especialistas consideran que la aplicación de la Enmienda Siljander blindará cerca de 45 o 50 billones de dólares destinados por el gobierno a la ayuda extranjera, especialmente a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
Nueve senadores
La decisión del recorte a la OEA se produjo después de que nueve senadores enviaran en febrero una carta al Departamento de Estado en la que denuncian el amplio activismo de la CIDH en favor de la despenalización en los países latinoamericanos y la presión ejercida sobre sus gobiernos.
La misiva fue encabezada por James Lankford, senador por Oklahoma, y secundada por los senadores James Inhofe, del mismo estado; Thom Tillis, de Carolina del Norte; Michael Enzi, de Wyoming; Michael Lee, de Utah; John Kennedy, de Louisiana; Roy Blunt, de Missouri; Ted Cruz, de Texas; y la senadora Joni Ernest, de Iowa; Todos republicanos.
El documento denuncia que la OEA, especialmente a través de la CIDH, ha extrapolado sus funciones y violado el estado de Derecho de los países miembros al realizar un agresivo lobby para despenalizar en ellos el aborto, y señala como influyó en los gobiernos y parlamentarios de Chile, El Salvador y Argentina.
La carta puede ser leída aquí.
Cerrando la puerta trasera
La segunda decisión comunicada por Pompeo ataja una serie de violaciones a la ley estadounidense infligidas por organizaciones ciudadanas extranjeras que reciben ayuda y la transfieren después a entidades abortistas.
Habrá ahora una rigurosa fiscalización de la llamada ‘Política de la Ciudad de México’, una directriz de la era Reagan que impide que el dinero de los contribuyentes que se destinará a promover la ‘planificación familiar’ sea entregado a organizaciones de otros países que realizan o promueven el aborto.
En la práctica, tenía vigencia durante las administraciones republicanas y se rescindía durante las administraciones demócratas.
En 2017 Trump amplió el alance de esa política al aplicarla no solo a los 600 millones destinados al fondo de “planificación familiar”, sino también, a los casi 9 billones en programas de atención médica para países en desarrollo.
“Haremos cumplir una prohibición estricta sobre los esquemas de financiamiento de ‘puerta trasera’ y verificaremos la aplicación final de los recursos”, explica Pompeo
Las entidades que querían recibir apoyo debían firmar una declaración donde informaban que no realizaban abortos ni los promovían.
Así, los abortistas dejaron de recibir subvenciones directas, pero se articularon para colocar como intermediarios a asociaciones o instituciones “limpias” que después les transferían recursos a través de “donaciones” o “pago de “servicios”. El dinero salía por la “puerta trasera”.
“Como secretario de Estado -dijo Pompeo- he ordenado a nuestro equipo que tome todas las medidas apropiadas para […] evitar brindar asistencia a las ong’s extranjeras que brindan apoyo financiero a otros grupos en la industria mundial del aborto”.
“Haremos cumplir una prohibición estricta sobre los esquemas de financiamiento de ‘puerta trasera’ y verificaremos la aplicación final de los recursos. Los dólares de los contribuyentes estadounidenses no se utilizarán para financiar abortos”, detalló.
Las dos decisiones de Pompeo, si aplicadas efectivamente, podrán tener un impacto sin precedentes contra el lobby global abortista.
